Chimbote en Línea.-Cerca de las 12:15 p. m. del 29 de abril, el Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción realizó una diligencia en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con el fin de recabar información sobre nuevos contratos efectuados entre la entidad electoral y otros proveedores vinculados a las elecciones generales del 12 de abril.

La diligencia en las oficinas de la ONPE, en jirón Washington de Lima Cercado, fue efectuada, según información del Ministerio Público, junto con efectivos policiales de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor), siendo parte del plan de acción respecto a la investigación que dirige por el presunto delito de colusión agravada, que involucraría al exjefe de la ONPE Piero Corvetto; al exfuncionario José Samamé y demás implicados.

El fiscal anticorrupción Reynaldo Abia declaró que no se trataría de un allanamiento, sino de una diligencia para exhibir documentación que pruebe o dé pistas sobre otros posibles actos delictivos.

“Esto no es allanamiento, estamos pidiendo exhibición de documentos. Estamos estableciendo un funcionario de enlace en la ONPE para trabajar de manera fluida y extraer información. Haremos un barrido de información en todas las oficinas de la ONPE con el único interés de llegar a la verdad”, afirmó.

Mientras tanto, la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú solicitó al jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano, información sobre la ubicación física de las actas electorales de 74 mesas de sufragio, así como el nombre de los responsables de su custodia, traslado y digitación en la plataforma de conteo de votos.

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El capitán PNP José López Portocarrero señaló que este pedido responde a las diligencias “urgentes e inaplazables” que realizará la División de Investigación de Estafas y otras Defraudaciones tras la denuncia presentada por Fernando Sandoval, representante legal de Renovación Popular.

La denuncia involucra a Piero Corvetto y otros funcionarios por presuntos delitos como falsificación de documentos, estafa, fraude procesal y abuso de autoridad.

Las mesas en investigación son las siguientes: 034798, 034799, 004717, 004718, 079002, 079003, 002143, 002144, 900659, 904592, 902791, 902396, 903606, 903603, 900002, 900005, 900019, 900020, 9000021, 9000026, 9000027, 9000030, 9000035, 9000042, 9000053, 9000055, 9000062, 9000063, 9000066, 9000067, 9000070, 9000076, 9000080, 9000083, 9000087, 9000088, 9000089, 900201, 900206, 900207, 900211, 900212, 900215, 900222, 900223, 900224, 900232, 900234, 900241, 900242, 900243, 900246, 900248, 900255, 900257, 900272, 900273, 900288, 900290, 900299, 900301, 900317, 900321, 900324, 900326, 900346, 900354, 900359, 900383, 900385, 900402, 900412, 900419 y 900441.

Patrones de alteración

El representante de la firma Secretariat y experto en investigaciones globales y prevención de fraude, Arnold Castillo, manifestó su análisis estadístico sobre irregularidades en el proceso de conteo de votos, con lo que –afirma– serían indicios suficientes para abrir una investigación a fondo.

Castillo dio cuenta de un patrón que se dibujó desde las actas de la “serie 900” de las elecciones generales del 2021.

Según explicó, las actas de la “serie 900” de estos comicios beneficiaban a Pedro Castillo Terrones, colocándolo con ventaja sobre sus adversarios de Fuerza Popular y Acción Popular.

“En el proceso electoral 2021, la serie 900 favoreció a Pedro Castillo (24%) y encontramos un patrón de comportamiento al observar que la serie 900 del año 2026 favorece a Roberto Sánchez (30.2%). Ambos muy por encima de sus contendientes de turno”, sostuvo.

El especialista también expuso sobre una constante poco común a la que llamó “patrón transversal”, que proyectaría un comportamiento diferente a un “patrón común” respecto a la relación de votos presidenciales con la de congresales.

Para Arnold Castillo, el caso de Renovación Popular presenta más de estos “patrones transversales”, ya que en 805 mesas analizadas existen –según afirma– pocos votos para presidente y muchos votos para senadores y diputados, cuando deberían tener una numeración equilibrada.

“Vemos un patrón transversal, donde ocurre algo muy distinto: hay pocos votos para el presidente, pero el mismo partido tiene altos votos para senadores y diputados. Como ejemplos tenemos los casos de las actas N.° 014512 y la N.° 020379; lo mismo ocurre en 805 actas”, declaró.

El representante de Secretariat señaló posteriormente que, tras un análisis técnico de software, se hallaron en la “metadata” anomalías en las horas de registro y en la hora de creación de los votos subidos a la plataforma, donde –según indicó– deberían tener segundos de diferencia y no horas, como se han encontrado en 2,548 actas.

“El proceso de digitalización comprende una metadata que registra la hora en que un dato se subió a la plataforma. Lo que nos llama la atención es que la fecha u hora de digitalización es diferente a la fecha de origen del acta. Hay actas donde la fecha de registro difiere de la de creación porque aparece con horas de diferencia, de 3 a 30 horas, cuando deberían ser cuestión de segundos de diferencia en el registro. Eso se halla en 2,548 actas”, sostuvo.

Finalmente, el experto indicó que, si bien aún no se puede hablar de un “fraude” como tal, habría pruebas suficientes para una investigación o auditoría a fondo.

“Estos no son supuestos, son hechos, y sobre esto hay que trabajar las avenidas para confirmar o rectificar cualquiera que sea el caso. Los números no mienten; nosotros notamos que hay patrones irregulares. Hay hallazgos suficientes para iniciar una investigación”, manifestó.

CCL pide nuevas  elecciones

El nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Raúl Barrios, expresó en una entrevista en RPP que estaría de acuerdo con la iniciativa de nuevas elecciones, apostando “por unas elecciones limpias por sobre el cumplimiento de un cronograma”, subrayando que los empresarios ya no quedarían en silencio ante un Estado ineficiente.

Indicó que, para él, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no debería poner el cumplimiento de un cronograma por sobre la transparencia de la democracia reflejada en unas elecciones generales limpias.

“El JNE ha dicho que el plazo es muy corto, pero da igual que elijamos al presidente el 28 de julio o no, siempre y cuando sean elecciones limpias y transparentes. Hay 1.8 millones de votos que están pendientes aún en decisión. Por un plazo no vamos a arriesgar el futuro del Perú”, sostuvo.

“Desde ahora los empresarios ya no nos vamos a quedar callados. Ya tenemos que ser más radicales; hemos sido muy blandos los últimos años. Hemos dejado pasar actos de corrupción, entre otras cosas”, indicó.

Por otro lado, Barrios advirtió que le preocupa el programa económico de Juntos por el Perú, ya que no respetaría los “contratos ley”, que –según explicó– serían una garantía de estabilidad para los inversionistas que han invertido o quieran invertir en el Perú.

Desaparecen votos

El congresista Alejandro Muñante denunció una presunta disminución de más de 200 votos en su conteo durante la madrugada del 29 de abril, en el marco de las elecciones generales de 2026.

El candidato al Senado por Renovación Popular responsabilizó directamente a la ONPE y solicitó medidas urgentes para garantizar la transparencia del proceso, incluyendo una auditoría y la intervención del JNE.

“Señores de la ONPE, entiendo que no puedan gustarles mis declaraciones sobre su cuestionable accionar, pero sepan que estoy muy atento al conteo de votos del Senado y, por supuesto, que ya sé de la reducción de más de 200 votos que he sufrido en la madrugada de hoy”, afirmó.

En distintas declaraciones, el parlamentario insistió en que el JNE debe atender lo que considera una afectación al derecho al voto, particularmente en Lima, ya que miles de ciudadanos habrían resultado perjudicados, por lo que demandó una revisión exhaustiva del proceso y una auditoría integral que permita aclarar lo ocurrido durante la jornada electoral del 12 de abril.

Son hechos delictivos

El abogado Mario Amoretti Pachas opinó sobre las cuestiones legales con las que el organismo que preside Roberto Burneo decidió no llevar a cabo elecciones complementarias para la primera vuelta electoral, indicando que existe una irresponsabilidad por parte de la entidad.

Para el abogado, no solo se trataría de cuestiones anómalas, sino de hechos delictivos de los cuales constantemente –según afirma– van apareciendo nuevos a diario, de los cuales afirmó que la ONPE es la principal responsable.

“El JNE es la máxima entidad para disponer elecciones complementarias, pero hay que tener en cuenta que muchas de las irregularidades encontradas son hechos delictivos y se están conociendo más día a día. La ONPE es la principal entidad que debe responder ante estos hechos”, declaró a EXPRESO.

Amoretti sostuvo que debió considerarse mucho más el artículo 31 de la Constitución, que declararía punibles las actas que no fueron entregadas a tiempo.

“El artículo 31 nos habla de actas punibles, porque de alguna u otra forma limita la elección. Resolvemos que son actas punibles por el incumplimiento de funciones por el señor Piero Corvetto e incluso por el JNE”, declaró.

Según el abogado, estas irregularidades estarían precisadas en la ley, respecto a lo que indican las sanciones por omisión o retardo de actos funcionales.

“Está el artículo 377 del Código Penal, que habla del delito de incumplimiento de funciones, que fue el primer delito con el que denunciaron a Corvetto y podría implicar también a funcionarios del JNE”, señaló.

133 mil votos a JP

Según el análisis de la firma Secretariat a cargo del experto Arnold Castillo, serían 133 mil votos de Juntos por el Perú (JP) contenidas en 2,548 actas dentro de la “serie 900”.

La cantidad de horas de desfase entre votos creados y digitalizados serían clave en el aumento de las mismas.

Voto joven ausente

El jurista Julio Castiglioni indicó que en los argumentos del JNE sobre el ausentismo en los electores, no se precisa sobre la cifra de más de 2 millones de nuevos jóvenes votantes.

“Muy aparte del tema legal, el tema estadístico no ha precisado sobre el ausentismo de alrededor de 2 millones de jóvenes que son nuevos votantes, ese tema es bastante difícil de demostrar”, señaló.

López Aliaga acusa

“Las ‘actas’ de la serie 900K beneficiaron principalmente a Juntos por el Perú; en segundo lugar, a Fuerza Popular. Perjudicaron a Renovación Popular y a Buen Gobierno de Nieto. Esta serie 900K también se utilizó en 2021 para beneficiar únicamente a Perú Libre”, señala López Aliaga.(Fuente diario Expreso) (Foto Ministerio Público)